El pleno del Ayuntamiento de Calp ha aprobado de forma inicial la Ordenanza reguladora del servicio de taxi, una norma altamente demandada por el sector en el municipio ya que la anterior legislación databa de 1996. La nueva ordenanza se adapta a la Ley del Taxi de la Generalitat Valenciana de 2017 y una de sus principales novedades es que regula por primera vez las transmisiones de las autorizaciones de taxi además de las pruebas de capacitación para la obtención de la licencia y contempla, entre otros aspectos, un amplio régimen de sanciones, como establece también la ley autonómica.
La norma ha sido consensuada con la Asamblea de la Asociación de la Radio Taxi de Calp y recoge también una de sus peticiones como es la obligatoriedad de que los taxistas lleven una indumentaria adecuada (se prohíbe llevar pantalón corto y pantalón con rotos). Y así mismo se ha acordado que los taxis hayan de llevar sobre sus puertas una imagen corporativa que consiste en una parte del Penyal d’Ifac en verde con el número del taxi junto con el nombre del municipio.
La ordenanza ha sido aprobada con los votos a favor del equipo de gobierno (Somos Calpe, Psoe y Compromís) y de Defendamos Calpe con la abstención del PP.
El concejal de Seguridad ciudadana y movilidad, Guillermo Sendra, ha destacado la importancia de renovar y actualizar una ordenanza como esta, que permite dar respuesta a las necesidades y peticiones del sector. Y ha añadido que prevé novedades que van en beneficio de los titulares de las autorizaciones como de los propios usuarios como son unas pruebas de capacitación “mucho más exigentes, que buscan que los nuevos taxistas tengan especial empatía y preparación con las personas con capacidades limitadas” ya que se valora el conocimiento del lenguaje de signos así como formación en el tratamiento y atención de este tipo de colectivos.
El portavoz de Defendamos Calpe, Paco Quiles, manifestó su posición favorable a esta ordenanza y planteó la problemática que tiene un municipio turístico de Calp en relación a su número de taxis que viene limitado por ley de acuerdo a su población empadronada, fijado en 25 y que resulta insuficiente en temporada alta.
Por parte del grupo municipal del PP, Francisco Fernández de Ybarra señaló que actualizar la normativa de los taxis era “positivo” si bien indicó que: “el servicio en sí dadas las características de Calp como municipio turístico es complicado y se deberían idear sistemas impulsados por el Ayuntamiento yendo de la mano con el colectivo para mejorar el servicio tanto en temporada alta como baja”. “Este servicio es de vital importancia para la imagen y sensación que se llevan los visitantes de la localidad”, ha añadido.
Ximo Perles, como portavoz de Compromís, manifestó su desagrado en relación al modelo de concesión de las autorizaciones de taxi previsto en la ley autonómica y que necesariamente ha de aplicar la ordenanza municipal. “No me acaba de gustar el modelo en que las licencias administrativas se conceden para un plazo indeterminado y que acaban siendo objeto de comercio; no es el modelo que a mí más me gusta” e indicó su preferencia por el sistema de concurso – oposición establecido para las concesiones de notarías y los registros de la propiedad. Con todo indicó que su objetivo no era cuestionar la ordenanza que ha de adaptarse a la ley de la Generalitat.
La alcaldesa Ana Sala reiteró las limitaciones que tienen los ayuntamientos por las normativas supramunicipales a las que se tiene que adaptar la legislación municipal y señaló que con la aprobación de esta ordenanza se actualizan también las tarifas del servicio del taxi, una petición también reivindicada por el sector.
Liquidación del presupuesto general
En el pleno se dio cuenta del decreto de alcaldía de aprobación de liquidación del presupuesto general de 2023 y que arroja un resultado del remanente de tesorería de 12.737.405,49 euros que posteriormente se incorporarán al presupuesto municipal y que permitirá llevar a cabo nuevas inversiones en el municipio.
Bono – Comercio
Por otro lado, el pleno aprobó inicialmente las bases reguladoras de las ayudas para la campaña de bono-comercio 2024, que ascenderán a un total de 500.000 euros y que se desarrollarán en dos fases, en mayo y noviembre. Como novedad se podrán adquirir bonos por un valor nominal máximo de hasta 150 euros (con anterioridad el tope eran 100 euros), la mitad de los cuales serán subvencionados por el Ayuntamiento.
Se trata de una campaña que tiene como objetivo fomentar el consumo en el comercio local.
Juez de paz
En el pleno se aprobó por unanimidad proponer a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciano a Hipólito Moreno Fernández como nuevo juez de paz de Calp y a Nayara Fernández Ortiz como suplente.