El Ayuntamiento de Calp aprobó en pleno ratificar el decreto para interponer un recurso contencioso-administrativo contra la ampliación de la piscifactoría. Este es el nuevo paso que dará el consistorio tras haber desestimado la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica el recurso de reposición que interpuso el pasado mes de abril.
El recurso contencioso administrativo se basará en dos aspectos, por un lado el impacto paísajístico que esta instalación supone en el litoral calpino y en un nuevo estudio de los efectos de la piscifactoría en las corrientes marinas ya que el estudio realizado por la empresa propietaria de la piscifactoría corresponde a Villajoyosa y no a Calp.
En este punto, aprobado con los votos favorables de PP, Ciudadanos y Defendamos Calpe y las abstenciones de Compromís y PSPV-PSOE, el portavoz de Defendamos Calpe señaló que "la piscifactoría está ahí porque la ley lo permite, se ha argumentado el impacto económico pero eso la ley no lo reconoce, sí hay recorrido en el aspecto medio ambiental y de las corrientes".
El portavoz de Compromís, Ximo Perles, se mostró contrario a la ampliación de la piscifactoría pero señaló que "sin el estudio de las corrientes es difícil apoyar esta actuación". El portavoz socialista, Santos Pastor, afirmó que "todo esto tiene una dimensión que supera el ámbito municipal, ¿tenemos base jurídica y administrativa para ir adelante con un contencioso?".
Finalmente la alcaldesa anunció que "tengo un halo de optimismo por el apoyo institucional por parte de la Diputación de Alicante y hemos sabido que el President de la Generalitat, Ximo Puig, se ha interesado y preocupado por el tema de las piscifactorías y se ha comprometido a revisarlo".
De esta manera, Calp continua en su lucha contra la ampliación de la piscifactoría que pasará de 12 a 45 jaulas flotantes, así como a una capacidad máxima de producción de 3.000 toneladas al año de pescado.
El Ayuntamiento de Calp convocó dos concentraciones de protesta además de presentar un recurso de reposición contra la decisión de la entonces Consellera de Agricultura que lo desestimó porque, según arguyó la propia Mireia Mollá en una reunión con la alcaldesa y diferentes sectores económicos del municipio, el procedimiento seguido para la concesión del permiso de ampliación cumplía la normativa existente y, por tanto, no era posible revocar esa autorización. Mollá señaló al mismo tiempo que a la conselleria no le correspondía evaluar el impacto visual y paisajístico de la infraestructura.
Tanto el Ayuntamiento como varias asociaciones calpinas como el Real Club Náutico de Calpe, la Cofradía de Pescadores o la Asociación de Empresarios de Calpe han mostrado desde un principio su rechazo rotundo a la ampliación de esta infraestructura precisamente por el impacto visual que causa en un municipio turístico como el calpino pero también por el impacto medioambiental y económico. De hecho uno de los informes sobre los que se sustentaba el recurso de reposición presentado por el Ayuntamiento cifraba en unos 450 millones de euros las pérdidas que podría ocasionar una macrogranja de estas características en la localidad.