El Ayuntamiento de Calp ha presentado una queja ante el Síndic de Greuges ante la “inactividad de la Generalitat Valenciana” en relación a los proyectos de construcción del nuevo CEE Gargasindi y del Instituto de Educación Secundaria del municipio. En concreto, en la queja firmada por la alcaldesa Ana Sala, se reprocha a la institución autonómica que no haya autorizado la modificación de la delegación de competencias por el aumento del presupuesto de ambos proyectos, incluidos en el Pla Edificant.
El proyecto de construcción del Colegio de Educación Especial Gargasindi fue aprobado en el pleno de noviembre con un presupuesto base de licitación de 7.493.415 euros, casi dos millones de euros más respecto al presupuesto inicial como consecuencia del incremento de los costes producido en estos últimos años. Lo mismo ha sucedido con el proyecto del nuevo instituto que fue aprobado en el pleno de diciembre por un importe de licitación de 14.899.419,51 euros, 2.685.485,54 euros más de lo previsto inicialmente. El pasado 19 de diciembre la alcaldesa firmó la solicitud de modificación de la delegación de competencias para ambos proyectos sin que todavía se haya recibido la autorización de la Generalitat.
La alcaldesa ha calificado de “emergencia educativa” la situación que vive el municipio en estos momentos ante la falta de infraestructuras educativas y la creciente matriculación registrada. Este hecho ha llevado a que el Ayuntamiento, a petición de los representantes de los centros educativos y las AMPAS, a ceder cerca de 30.000 m2 de terreno municipal para que Conselleria instale en aulas prefabricadas a los alumnos de los centros desbordados y a un nuevo IES completo. Así lo aprobó el pleno celebrado este mes de abril y que supondrá que el consistorio calpino tenga que invertir cerca de tres millones de euros en la adecuación del terreno y la instalación del suministro de agua, luz y alcantarillado.
En la queja remitida al Síndic de Greuges se hace referencia también al informe del secretario municipal que se presentó en el último pleno y en el que se indica que el Ayuntamiento de Calp no puede financiar con su propio presupuesto estas obras que son competencia de la Generalitat, una medida que se barajó desde el gobierno municipal para agilizar estos proyectos con el fin de que sean una realidad lo antes posible. En cualquier caso, el informe del secretario municipal ha sido remitido hace unos días al Consell Jurídic Consultiu para que se pronuncie sobre esta cuestión.
“Desde el gobierno municipal queremos desbloquear cuanto antes la situación límite que vive nuestro municipio en materia educativa, buscamos todas las soluciones y recursos que están en nuestra mano y ahora damos traslado de lo sucedido al Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana para que realice las actuaciones pertinentes por la inactividad de la Generalitat en este asunto. Todo ello porque entendemos que se vulnera el artículo 27 de la Constitución – que recoge el derecho a la Educación - para la ciudadanía calpina”, ha señalado la alcaldesa Ana Sala.