Jueves, 20 Junio, 2024 - 14:15

La alcaldesa de Calp Ana Sala ha manifestado que el consistorio calpino “no está en contra de la vivienda turística - todos de manera directa o indirecta vivimos del turismo -, nuestra obligación y compromiso es solucionar los problemas del municipio”, entre ellos, la dificultad de acceso a una vivienda asequible y digna.

 

La alcaldesa ha hecho estas declaraciones en la segunda reunión del grupo de trabajo, constituido para el estudio de la situación habitacional en Calp, a raíz de la preocupación y malestar que, según ha señalado, le ha llegado por las últimas decisiones que ha tomado el Ayuntamiento encaminadas a limitar la vivienda turística. “Quiero dejar bien claro que estamos a favor de todos y no estamos en contra de nadie y quiero acabar con los rumores que hay en la calle de que estamos en contra de los empresarios turísticos”, ha afirmado.

 

Ana Sala ha hecho referencia a la medida aprobada por el último pleno del Ayuntamiento que suspende el cambio de uso de local comercial a vivienda, una decisión que tiene como fin “evitar que nos carguemos el tejido comercial calpino ya que el 99 por ciento de las solicitudes que recibe el Ayuntamiento es para llevar a cabo este cambio”. Y ha resaltado que que con este grupo de trabajo se pretende buscar una solución de forma consensuada. “Ni está ya decidido ni pretendemos imponer nada”, ha indicado.

 

En la reunión de este grupo de trabajo se ha abordado la necesidad de elaborar un estudio o análisis sobre la demanda y necesidad de vivienda que existe en Calp así como de la oferta, como paso necesario para la adopción de medidas concretas. Se ha planteado también la posibilidad de ofrecer ayudas o determinadas bonificaciones en tasas e impuestos municipales a los propietarios de viviendas que las alquilen como residencia habitual, así como implementar mecanismos para denunciar el alquiler turístico ilegal, además de crear vivienda pública. En este sentido, la alcaldesa ha recordado que el Ayuntamiento se ha adherido al Plan Vive de la Generalitat con el fin de destinar suelo público a viviendas de protección oficial.